Rajoy, y todos los miembros de su Gobierno, siempre señalan que las leyes están para cumplirlas, pero por lo visto ellos están al margen de la Ley. Cambian las Leyes para que el T. Constitucional pueda ejecutar sus propias sentencias, y así ellos se desmarcan de muchas responsabilidades, sin tener en cuenta la esencia del T. Constitucional como protector de la Ley de Leyes, y hora sabemos que el tribunal de Venecia, que es un tribunal de la UE hecho para proteger a los T. Constitucionales de los países miembros ha sentenciado que esta revisión de la Ley no es conforme a la doctrina del UE.
Pero es que Rajoy también incumple las sentencias de nuestro T. Constitucional, por ejemplo:
- El portavoz del Ejecutivo Vasco, Josu Erkoreka, miró al Gobierno de España y le acusó de incumplir resoluciones que atañen a Euskadi. En concreto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy incumpliría como mínimo dos sentencias en relación a las competencias en materia de entidades de crédito y de formación profesional continua. Lo cierto es que el Gobierno español incumple sistemáticamente las sentencias 96/1996 y 95/2002 del Tribunal Constitucional en relación a las competencias vascas en las citadas cuestiones.
- Rajoy en 2015 ha incumplido el 135 de la Constitución. El desplome del precio del petróleo y las compras de deuda de Draghi que provocaron una intensa depreciación del euro y de la prima de riesgo permitieron que el empleo en España creciera el doble de lo previsto. Si Rajoy hubiera cumplido la regla España habría cumplido el objetivo de déficit de Bruselas. Pero prefirió bajar en dos ocasiones el IRPF, aumentar el empleo y la inversión pública y aumentar el déficit estructural un punto de PIB. Pero incumplió un artículo que él mismo apoyó para ser incluido en la Constitución.
- Se han contabilizado al menos once sentencias incumplidas por parte de tres ministerios. Las afectadas serían las carteras de Isabel García Tejerina (Agricultura y Medio Ambiente), Fátima Báñez (Trabajo, Seguridad Social e Igualdad) y Alfonso Alonso (Sanidad).
Hay al menos tres sentencias del Constitucional que piden que Sanidad devuelva a las autonomías la potestad para otorgar subvenciones a programas de cooperación y voluntariado social a cargo del 0,7% del IRPF. La sentencia obliga al Gobierno central a ceder a la Generalitat la recaudación de la casilla de la declaración de la renta destinada a fines sociales. Además, otras cuatro sentencias recriminan que se asuma desde el Estado las subvenciones para la integración de inmigrantes, servicios sociales e igualdad, las dedicadas a proyectos de innovación social y las de política social y consumo.
El TC recordaba en 2013 y 2014 a Agricultura y Medio Ambiente que estaba invadiendo competencias autonómicas al repartir ayudas para programas contra contaminación y cambio climático, así como subvenciones para fines de interés medioambiental.
Además, el TC sentenció en 2011 y 2013 que Trabajo, Seguridad Social e Igualdad debía dejar de repartir ayudas para plazas de alojamiento para inmigrantes y subvenciones en el área de servicios sociales, familias y discapacidad. Estas ayudas, recordaba el Constitucional, son competencia de las comunidades autónomas.
Está claro que la Ley no es igual para todos en España. El que tiene el poder de nombrar a la cúpula del Poder Judicial, se libra de cualquier acción judicial en su contra. Esperemos que la UE ponga las cosas en su sitio.
Ramón Rincón 